𝐕𝐚𝐫𝐬𝐨𝐯𝐢𝐚: 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥

 

 

 

 

 

 

 

 

René Fuchslocher Raddatz

La noche del 30 de octubre, el edificio del Tribunal Constitucional polaco amaneció bajo custodia policial. Su presidente, Bogdan Święczkowski, quedó en la vereda. Adentro, una jueza cuyo juramento nunca recibió el jefe del Estado se proclamaba conductora del órgano. Karol Nawrocki tuvo que dar vuelta su avión rumbo a Senegal.

La historia corta es esta. En marzo, la mayoría parlamentaria de Donald Tusk designó seis magistrados. El Presidente, que debe tomarles juramento, aceptó a dos y objetó a los demás. Los objetados juraron entonces ante el Sejm (la cámara baja del Parlamento), como si la forma constitucional fuera un trámite prescindible. Meses después, Anna Korwin-Piotrowska se atribuyó la calidad de jueza más antigua. Para eso computó su carrera desde 1995 y no su permanencia en un tribunal que no la reconoce. Con esa credencial suspendió al presidente y al vicepresidente, apoyándose por analogía en normas que asignan esa potestad a otra autoridad.

Como abogado, me cuesta encontrar el fundamento. Sí encuentro el método: primero se crea el hecho y después se busca la norma. El comisario europeo de Justicia se apresuró a respaldar al Gobierno de Varsovia. El embajador polaco en Rumania, en cambio, prefirió renunciar antes que avalarlo.

La calle no acompaña el relato oficial. Consultados por IBRiS sobre la pugna, los polacos dan la razón a Nawrocki por sobre Tusk (32 % contra 27,8 %), y la diferencia se ensancha entre los menores de 49 años. Un tercio, harto de ambos, no se la da a nadie.

Ese desencanto juvenil tiene nombre propio: Konfederacja, en sus dos vertientes. La de Mentzen y Bosak, y la Corona de Grzegorz Braun y Roman Fritz, forman el bloque que la prensa polaca ya llama simplemente “las Konfederacje”. Juntas superan la quinta parte del electorado y dominan con holgura entre quienes tienen entre 18 y 29 años. Hoy negocian con el entorno del Presidente una lista común de la derecha. Polonia se suma así a una corriente continental que no acepta que la moral familiar, la composición demográfica de la nación o la participación en guerras ajenas se decidan en oficinas de Bruselas.

Para Hispanoamérica la lección no es menor. Los tribunales constitucionales son la última trinchera institucional de una república. Cuando se ocupan por la fuerza con jueces afines, lo que está en juego ya no es una mayoría coyuntural sino las reglas mismas. Y quien aplaude hoy porque el ocupante le resulta simpático, mañana no tendrá con qué reclamar cuando cambie el inquilino.

El veredicto llegará en las urnas de 2027. Mientras tanto, Europa ofrece una paradoja digna de estudio: un Estado de Derecho que, para restaurarse, necesita cerrar con candado la puerta del tribunal.