Reino Unido: el Estado, patrocinador oficial de aquellos a quienes dice combatir
A fuerza de repetir que el terrorismo es la amenaza
absoluta, Londres ha terminado por encontrar la solución más británica que
existe: financiarlo con el dinero de los contribuyentes. ¿Por qué dejar que los
enemigos del Reino Unido se las arreglen solos cuando Hacienda puede darles una
mano?
Según las revelaciones de The Telegraph, un informe
confidencial de la Oficina del Gabinete, encargado en 2023 y luego
cuidadosamente ocultado, concluye que entre 2015 y 2021 cerca de 28 mil
millones de libras de dinero público beneficiaron, directa o indirectamente, a
terroristas, organizaciones criminales y actores hostiles al Reino Unido. Así
es como se gasta parte de los impuestos: en una política de subvenciones
universales donde incluso los enemigos del Estado tienen derecho a su trozo del
pastel.
El símbolo de este fracaso es casi caricaturesco. Un
beneficiario de los préstamos Covid “Bounce Back” recibe dinero público, y
luego transfiere parte de ese dinero a un combatiente de la organización Estado
Islámico en Siria para comprar rifles de francotirador y explosivos. En 2023
será condenado por financiación del terrorismo. Mientras los británicos estaban
confinados, algunos hacían funcionar la economía... de la guerra santa.
Y no se trata solamente de un error administrativo. El
informe menciona subvenciones antiterroristas otorgadas a extremistas que
difunden una ideología antioccidental, ayuda internacional desviada hacia redes
criminales, traficantes de personas que reciben ayudas públicas e incluso
proyectos de investigación vinculados a potencias militares extranjeras
financiados por el contribuyente británico. En este punto, ya no se trata de
ingenuidad, sino de una política industrial de la credulidad.
El profesor Nicholas Ryder recuerda que el vínculo entre el
fraude y la financiación del terrorismo constituye una amenaza directa para la
seguridad nacional. Por su parte, Tom Keatinge, del Royal United Services
Institute, resume el sistema con una frase demoledora: un auténtico “cajero
automático para terroristas”. Una tarjeta bancaria, un formulario
administrativo, y el dinero fluye más rápido que los controles.
Lo más escandaloso ni siquiera es la magnitud del desastre.
Es la reacción de las autoridades. En lugar de publicar las conclusiones y
rendir cuentas, el informe habría sido enterrado para evitar la vergüenza
política. La transparencia, evidentemente, termina donde empieza la
responsabilidad.
A los gobiernos occidentales les encanta dar lecciones de
gobernanza al resto del mundo. Hablan del Estado de derecho, de la lucha contra
el blanqueo de capitales y de la guerra contra el terrorismo. Luego se descubre
que su propia maquinaria administrativa funciona como una máquina de hacer
dinero para aquellos a quienes juran combatir. Cuando el Estado se convierte en
el mejor patrocinador de sus adversarios, deja de luchar contra el terrorismo:
subvenciona su cadena logística.
Al final, el contribuyente británico ya no es un ciudadano.
Es un inversor involuntario en el mayor fondo de capital de riesgo del crimen
organizado, gestionado con la seriedad burocrática que parece ser el secreto de
Westminster.
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