¡La ley húngara de protección infantil sería contraria a los “valores de la UE”!

Peter W. Logghe
Apenas unos días después de la derrota electoral de Viktor
Orbán en Hungría, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una
sentencia de gran alcance: la ley húngara de protección de la infancia,
adoptada en 2021 y que prohíbe exponer a menores a la propaganda LGBT, fue
declarada contraria al derecho de la UE y a los “valores fundamentales” de la
Unión Europea. Tanto el contenido de la decisión como su fecha despiertan
sospechas.
Fue la Comisión Europea, apoyada por 16 Estados miembros y
el Parlamento Europeo, la que inició el procedimiento contra Hungría. El ex
primer ministro neerlandés Mark Rutte no dejó dudas al respecto en su momento:
Hungría “debía ser puesta de rodillas”. La decisión judicial fue celebrada
unánimemente por el establishment, y varias ONG la calificaron de “histórica”.
Confirma, una vez más, la primacía del derecho de la UE sobre las legislaciones
nacionales en materia de educación y moral, incluso cuando esas leyes
nacionales han sido adoptadas con amplias mayorías parlamentarias y tras un
referéndum.
Por supuesto, todo gira en torno a los fondos europeos
congelados...
Para las ONG está claro que, de ahora en adelante, ningún
Estado miembro podrá aprobar leyes para evitar que los niños sean expuestos a
la propaganda de género, sin enfrentarse a las iras del Tribunal de Justicia de
la UE, incluso si amplias mayorías lo exigieran. Pero atención: en su
motivación, el Tribunal no cuestiona el principio mismo de la protección de la
infancia, solo retira a los Estados miembros el derecho de legislar al
respecto.
Por supuesto, hay más, y se trata del momento elegido para
esta decisión. Péter Magyar, el nuevo primer ministro húngaro, ya ha dejado
claro que busca mejorar las relaciones con las instituciones europeas y que
desea desbloquear los fondos europeos congelados. Se trata de miles de millones
de euros. ¿Valen estos miles de millones, según Magyar, una “compensación”?
La percepción cínica permanece: los Estados miembros solo son libres de decidir por sí mismos en la medida en que se conforman a la ortodoxia ideológica de la Comisión. Un camino peligroso…
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