El ejemplo islandés: salvar a los bancos y las políticas de austeridad son dos opciones absurdas

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Nos dijeron que no teníamos elección. Que rescatar a los bancos era una necesidad absoluta, que la austeridad que siguió era inevitable. Este discurso se repitió tantas veces que se convirtió en una verdad económica.

Un pequeño país con 300.000 habitantes demuestra lo contrario. Y lo que allí sucedió no fue una decisión que cayera del cielo. Es el resultado de una movilización ciudadana.

En octubre de 2008, los tres principales bancos islandeses colapsaron. El primer ministro salió en la televisión nacional y terminó su discurso pidiendo a Dios que salvara a Islandia. Desde el 10 de octubre, 200 manifestantes exigían frente al Banco Central la dimisión de su director. Al día siguiente, la movilización se organizó frente al parlamento. Cada sábado, miles de islandeses golpean cacerolas frente al Alþingi. El 26 de enero de 2009, el primer ministro conservador dimite. Luego, la dirección del Banco Central. Después, la autoridad supervisora de los bancos. Las demandas de la multitud se satisfacieron una por una.

Pero no es todo. Cuando el FMI y los gobiernos británico y neerlandés exigieron que los ciudadanos islandeses pagaran las deudas de los bancos privados, circuló una petición para someter el acuerdo a referéndum. El 6 de marzo de 2010, el 93 % de los votantes rechazó el pago. Al año siguiente, se propuso un segundo acuerdo. Otro 60 % dijo “No”. Dos veces, el pueblo islandés dijo no a la misma cuestión: ¿por qué deberíamos pagar por los errores de los bancos?

Se nombró a un fiscal especial para perseguir a los responsables. Algunos directivos bancarios fueron condenados a prisión. Nunca antes había ocurrido algo así en la crisis de 2008, donde en otros lugares las condenas se limitaron a empleados con poca o ninguna responsabilidad.

¿El resultado? En 2023, el déficit público de Islandia es del 2 % del PIB, con un crecimiento del 4,1 %. El sistema social está intacto.

En Bélgica, en Francia, en Irlanda: nadie golpeó cacerolas frente a los parlamentos. Los gobiernos decidieron en secreto, en oficinas cerradas, que los ciudadanos pagarían la cuenta. Y los ciudadanos pagaron, primero a través de la deuda, luego con la austeridad, presentada como inevitable.

 Islandia no prueba que fuera fácil. Prueba que fue posible. Y que la diferencia entre ambos caminos no residía en la economía. Residía en la movilización.

La austeridad no es una fatalidad económica. Es una decisión política. Y, como todas las decisiones políticas, puede deshacerse cuando suficientes personas deciden que ya no la quieren.