El espectro útil del extremismo: La economía de la amenaza
Entre instituciones estatales, ONG y estructuras de financiación surge una red estrechamente entrelazada, cuya existencia cada vez depende más de la percepción permanente de amenazas políticas.
Está en la naturaleza de toda institución justificarse a sí misma. Esa es la simple teoría de sistemas. Sin embargo, se vuelve problemático cuando la condición de existencia de una organización no radica en resolver un problema, sino en que dicho problema persista — cuando el espectro que se combate es también aquel del que se vive. El Southern Poverty Law Center (SPLC), la Fundación Amadeu Antonio y el Servicio de Protección de la Constitución (Verfassungsschutz) gestionan, por ejemplo, imágenes de enemigos, que solo serían prescindibles si se abandonaran. Esto no sería algo extraordinario, si no fuera por el incentivo estructural de mantener, ampliar y dramatizar precisamente esas imágenes de enemigos. Solo en Alemania, millones de euros se destinan anualmente a la llamada lucha contra la extrema derecha.
Un presupuesto de tal magnitud genera gravedad. Atrae instituciones, redes y narrativas en su órbita — y recompensa a quienes advierten más ruidosamente del peligro. Las investigaciones en Estados Unidos contra el SPLC confirman esta tesis: la organización habría pagado varios millones de dólares a informantes dentro del Ku Klux Klan y grupos neonazis. Según la acusación, miembros dirigentes de grupos de extrema derecha habrían sido financiados en secreto por el SPLC, mientras que a los donantes se les promovía la lucha contra estos mismos grupos, y el dinero se ocultaba mediante empresas ficticias.
Lo que se puede observar aquí es una estructura de incentivos. Quien presenta solicitudes de financiación, organiza campañas de recaudación y moviliza respaldo político, comunica necesariamente una sensación de urgencia — y de manera constantemente escalada. Un hallazgo objetivo que tranquilizaría la situación socava su propia base de legitimidad, mientras que un informe sobrio sobre la situación pone en peligro la próxima aprobación. Así surge una especie de industria social: un sistema entrelazado de asociaciones de izquierda, ONG y redes que tienen intereses materiales concretos en no resolver los fenómenos que diagnostican, ya que una problemática resuelta significaría el fin de la institución.
Los fenómenos, como describe con precisión el politólogo Benedikt Kaiser, “son representados de manera más exagerada de lo que realmente son”. La dramatización no es un exceso, sino la forma habitual de operar. El historiador Thomas Nipperdey llamó a la postura subyacente en su exposición sobre la disputa de los historiadores como “euforia interpretativa”: no una investigación abierta a resultados, sino la puesta en marcha sistemática de sospechas para sostener una desconfianza ya existente. En un ecosistema académico donde las carreras se definen menos por capacidad que por orientación política, esta euforia encuentra su sustrato ideal. Sin embargo, el juicio de Nipperdey también puede aplicarse a la sociedad y a sus círculos sociales en general.
El control externalizado
Pero la verdadera profundidad del fenómeno solo se revela cuando se examina la relación entre los actores estatales y su entorno civil. Las instituciones estatales están sujetas a obligaciones constitucionales, controles parlamentarios y límites fundamentales. Lo que se les niega precisamente por estas razones — la marcación pública continua de los ámbitos políticos, la delimitación discursiva de la oposición legal y la producción de un clima de sospecha — se traslada al espacio prepolítico. ONG, fundaciones y redes periodísticas asumen funciones que no podrían ejercer directamente el Estado sin llevar la etiqueta de represión abierta.
La Ley de Fomento de la Democracia en su forma planificada fue la expresión institucional de este acuerdo: el Centro Federal de Educación Cívica, los ministerios y organizaciones vinculadas directa o indirectamente, como la Fundación Amadeu Antonio, conforman la masa de percepción social financiada por el Estado. La clásica distinción liberal entre Estado y sociedad, que en su momento sirvió como muro protector contra la arbitrariedad estatal, se invierte aquí: la sociedad civil se convierte en el brazo extendido del Estado, que permanece desacreditado.
El ciclo cerrado
De este modo surge un sistema autorreferencial que genera su propia validez: la ONG evalúa, clasifica y etiqueta — el informe del Servicio de Protección de la Constitución cita la evaluación de la ONG, que a su vez remite a informes anteriores de las autoridades. La clasificación de la AfD como “claramente de extrema derecha” bajo Thomas Haldenwang, que por críticos dentro de la oposición ya se califica como “protección gubernamental” en lugar de “protección constitucional”, no aparece en esta lógica como una evaluación de la situación, sino como un instrumento electoral — un intento de desacreditar a la competencia política mediante una decisión de las autoridades.
El respaldo jurídico lo brindan filósofos del derecho, que declaran inconstitucionales conceptos tradicionales como el “concepto popular materializado”, y que así reconstruyen, en términos sustantivos, posiciones políticas incómodas para aplicarles consecuencias jurídicas. Esta red está diseñada a distancia, pero también en estrecha relación — y por eso mismo es difícil de atacar. Althusser y Gramsci habrían reconocido en ella un ejemplo del aparato de Estado ideológico. La sociedad civil no es un contrapeso al poder, sino su antecámara discursiva, que asegura la hegemonía cultural no mediante la fuerza, sino mediante la formación de marcos de percepción.
Lo que cuesta la sobriedad
La cuestión clave no es si existen los fenómenos diagnosticados. Algunos sí existen. El extremismo político es real y su observación puede ser legítima. Vale la pena debatirlo políticamente, aunque el problema siempre será quién defina qué es extremismo político. Otra pregunta de carácter epistémico: ¿qué valor de verdad tienen las evaluaciones que se generan bajo presión institucional permanente para agudizar, en un entorno que recompensa la conformidad y sanciona la diferenciación? Un aparato que, estructuralmente, gana cuando percibe peligro, verá más peligro del que realmente existe. Esto no es una acusación, sino un argumento de incentivos — y los incentivos modelan la realidad con mayor eficacia que cualquier intención consciente.
La afirmación de Nipperdey, de que la fuerza política más importante es aquella que dice lo que es, señala exactamente aquello que este entramado impide sistemáticamente. Produce una realidad artificial de peligro para mantener estructuras de poder y financiamiento que, sin ellas, no serían viables. Sin embargo, el antídoto contra la dramatización institucionalizada no es una minimización. Es precisión. Y la primera condición para ello es la disposición a preguntarse quién se beneficia del peligro, antes de creer en él.
Sobre el autor Bruno Wolters
Bruno Wolters nació en 1994 en Alemania y estudió filosofía e historia en el norte de Alemania. Desde 2022, Wolters es autor en Freilich. Sus áreas de interés son la historia de las ideas y la filosofía política.
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