Ley de Servicios Digitales: Bruselas instala la infraestructura para manipular la opinión pública digital

 


Elena Fritz


Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones del DSA el 1 de julio de 2025, la Comisión Europea ha dado un paso más hacia un control centralizado de la información.

Oficialmente, se trata de «transparencia» — pero en realidad, se está creando un sistema que desplaza sistemáticamente los fundamentos de la formación de opiniones libres y la investigación independiente.

¿Qué hay de nuevo?

Plataformas grandes como X, Facebook o TikTok ahora deben divulgar datos internos — pero solo a investigadores seleccionados políticamente, que deben obtener autorización previa. Solo quienes se dedican a temas como la «desinformación» o el «discurso de la sociedad civil» tienen acceso — y deben cumplir con las condiciones de la UE.

¿Cuál es el problema?

La UE reclama soberanía sobre la definición de conceptos como «desinformación» o «discurso de odio» — sin control judicial, sin debate parlamentario.

Lo que se puede decir, investigar o difundir ya no se determina jurídicamente, sino de manera administrativa.

Al mismo tiempo, las plataformas deben revelar cómo bloquean, limitan algorítmicamente o eliminan contenidos. Esto crea un instrumento estratégico de poder para regular el espacio digital — controlado por autoridades políticas, no por los tribunales.

¿Qué está en juego?

– Solo se permite la investigación aprobada.

– Las plataformas pierden su neutralidad y autonomía.

– Los usuarios no saben por qué desaparecen o se vuelven invisibles ciertos contenidos.

– La libertad de expresión se convierte en una excepción gestionada.

Conclusión:

El DSA no es una ley protectora — es la base de un orden de opinión dirigido por tecnócratas. Lo que parece ser un avance, en realidad, es la transformación gradual de la democracia en un control administrativo del contenido.


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